*Quienes resulten electos el próximo dos de junio deben asumir de manera impostergable la responsabilidad y obligación ante ambas problemáticas sostuvo la directora, Alejandra Méndez Serrano.
385 Grados / Tlaxcala / Maire PISCIL/ Las y los ciudadanos exigen a las y los candidatos que buscan un puesto de elección popular en el actual proceso electoral de 2024, asuman una postura clara ante las graves problemáticas que enfrenta Tlaxcala que tienen que ver con la devastación socioambiental y la trata de personas con fines de explotación sexual, sostuvo la directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local durante su XXII informe de actividades.
Sin embargo, sentenció que para quienes resulten electos el próximo dos de junio como senadores de la República, diputados federales locales, alcaldes y presidentes de comunidad electos por votos constitucionales, deberán tomar de manera impostergable la responsabilidad y obligación que tienen ante lo que considero sos dos violencias extremas, para mostrar que realmente representen a la ciudadanía, a quien se deben.
Méndez Serrano lamentó que mientras ambas problemáticas se profundizan en la entidad, el discurso del actual gobierno siga buscando minimizar «como si dejar de nombrarlas estás desaparecieran», pese a las estadísticas, datos duros y los testimonios de las comunidades que las padecen son contundentes.
Respecto a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comentó que Tlaxcala sigue siendo considerado como uno de los corredores en el país, pues si bien se detuvieron a 18 personas señaladas de tratantes, en los últimos tres años se otorgaron 65 permisos para la operación de bares, hoteles, moteles y centros botaneros en 14 municipios de Tlaxcala espacios en los que, dijo, se acentúa está actividad, considerada como la más grave de las violencias en contra de este sector.
Recordó que con base a datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la explotación de miles de mujeres en el mundo genera ganancias de hasta 36 mil millones de dólares al año.
Cuestionó la posición de la actual titular del Ejecutivo, quien en 2023 declaró que la trata de mujeres no es más un problema en la entidad, mientras que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez sentenció que esté delito va a la baja pues el número de denuncias cada vez es menor, discursos que contradice a lo que vive a diario la ciudadanía a diario y que asegura que va en aumento.
En este tema, refirió que de acuerdo con la documentación que ha realizado el centro en los últimos 12 años y con base a datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la falta de un verdadero acceso a la justicia, el 96 por ciento de las víctimas de niegan a denunciar.
«Asumir que la falta de denuncias de mujeres que han sido víctimas del delito de trata significa que el problema no existe es quedarse con una mirada muy muy corta de parte de las autoridades ante la gravedad de esta situación, evidenciando la falta de conocimiento y la irresponsabilidad en su actuar al no asumir las obligaciones que les corresponden en la materia; de acuerdo con la legislación vigente esta actitud ha sido sexenio con sexenio», expuso.
A lo anterior se suma la falta de acciones contundentes que permitan la prevención y erradicación de está práctica a 18 meses de la aprobación Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres en Tlaxcala, mismo que fue impulsado por el centro, las organizaciones de la sociedad civil y la academia, aunado a que no cuenta con recursos para su funcionamiento.
Afirmó que, si bien el presupuesto de 2024 para la prevención, sanción y erradicación de este delito es de 730 millones 355 mil 244 pesos, estos han sido etiquetados a programas que no tienen nada que ver con el problema, lo que muestra que en los dos últimos años existe una desarticulación de estrategias y líneas de acción establecidas en el Programa Estatal contra la Trata lo que también demuestra la irresponsabilidad del Legislativo, por ello indicó el centro seguirá denunciando públicamente la situación real que impera en Tlaxcala.
Respecto al problema socioambiental que está presente en la cuenta del Alto Atoyac, afirmó que lejos de solucionarse con políticas y acciones gubernamentales eficaces, en 2023 se presentó la iniciativa de Ley de Aguas en el Congreso local, la cual resulta inconstitucional, pues vulnera el derecho humano de las y los ciudadanos al vital líquido y al saneamiento, la cual está detenida, gracias a las acciones ciudadanas realizadas en diversos municipios y la difusión de su gravedad de ser aprobada en los términos que fue presentada.
Asimismo expuso que la contaminación de la cuenca del Atoyac sigue siendo grave y su relación con la afectación de la salud de la población también ha sido evidenciada en los estudios científicos realizados por investigadores del CONAHCYT, debido a su exposición a sustancias tóxicas.
Sentenció que el gobierno estatal deberá construir y poner en marcha nuevas políticas de industrialización que rompan con las prácticas neoliberales implementadas hasta hoy, para demostrar que no utiliza los términos de justicia social y justicia ambiental solo común plagio a las comunidades para adornar su discurso sino que asume su obligación que le corresponde.
