*Tlaxcala fue sede de la segunda Sesión Ordinaria de la Zona Centro 2023 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
385 Grados / Tlaxcala / Maire PISCIL / Para evitar que los procesados en libertad evadan la justicia, es necesario que las autoridades de seguridad en los estados fortalezcan los sistemas de monitoreo electrónico, pues los actuales son insuficientes, lo que ha permitido que el tema sea un negocio adoptado por empresas particulares, las cuales no siempre actúan con ética ni con profesionalismo, sostuvo el fiscal Especializado de Control Regional, Germán Adolfo Castillo Banuet.
El también presidente de la conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), comentó que ante la tendencia de suprimir la prisión preventiva, resulta necesario promover la adopción de sistemas efectivos de control de los imputados que llevan su proceso en libertad, por ello es necesario que las unidades de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso posean los recursos suficientes, realicen eficazmente su función de asegurar el cumplimiento de las mismas a partir de evaluaciones de riesgo integrales hasta la debida supervisión del cumplimiento de mandamientos judiciales, en el que se informe al Agente del Ministerio Público sobre los incumplimientos y no solo jueces, durante su intervención en la inauguración de la Segunda Sesión Ordinaria 2023 de la Zona Centro con sede en Tlaxcala.
Por ello, refirió que es importante que la federación y las entidades inviertan en la creación de Unidades Fiscales de seguimiento a la supervisión de medidas cautelares y plan de reparación de la suspensión provisional del proceso.
Expuso que otra área de oportunidad para un debido proceso es contar con mecanismos eficientes de protección de testigos de la acusación, ya que el Sistema Penal Acusatorio requiere forzosamente la declaración de estos y que lo hagan de manera eficiente para lograr la condena y “una constante en las instituciones de procuración de justicia es la carencia de estas unidades y mecanismos”.
Castillo Banuet explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó no convencional la prisión preventiva oficiosa y esto ha generado que las autoridades jurisdiccionales no tengan uniformidad de criterios al momento de conceder amparos, por lo que se debe fortalecer la capacitación para acreditar la necesidad de imponer medidas cautelares y acciones de seguimiento tanto a éstas como a la reparación del daño a través unidades especializadas
En representación del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, explicó que la CNPJ trabaja en un convenio para el intercambio de información a través de un sistema nacional en el que se establezcan los mecanismos de colaboración, coordinación y concertación en materia de vehículos robados para su localización, recuperación y devolución, así como en la propuesta para la elaboración de un instrumento normativo en materia de dactiloscopia para la homologación de criterios, la organización de los métodos y técnicas empleadas para una identificación dactiloscópica positiva; para combatir la extorsión, la implementación de una plataforma en la FGR que permitirá generar un sistema de información verificada, confiable, disponible y segura sobre diversas expresiones delictivas para fortalecer las capacidades de investigación de las fiscalías; mientras que el INEGI dará avances en sistema nacional de procuración de justicia.
En materia de extinción de dominio, afirmó que la Conferencia a adoptado un convenio específico para mayor colaboración y cooperación entre estas áreas y unidades y tener mejores resultados a nivel nacional.
En este tema, comentó que, de enero de 2020 a septiembre de 2023, la FGR ha logrado 88 sentencias de extinción que ha permitido bienes por 402 millones de pesos, así como la Fiscalía de la Ciudad de México, del Estado de México y en general las fiscalías de la región, pero en su mayoría no lo realizan, por lo que se brinda capacitación, asistencia técnica y apoyo a aquellas que lo han solicitado.
En el caso de Tlaxcala, comentó que se trabaja de manera coordinada para la aplicación de técnicas de investigación de un grupo criminal que opera en el robo de autotransporte federal, delitos de hidrocarburos y algunos de sus integrantes están siendo procesados.
Especificó que como resultado de lo anterior se han obtenido sentencias condenatorias de 90 años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual, diversas sentencias de 69 años, 67 años, 60 años, 51 años y 47 años de prisión por delitos como robo a transporte federal de carga, asociación delictuosa y secuestro exprés y una sentencia por secuestro cometido en contra de migrante, entre otras.
En su mensaje, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que la presencia de los integrantes de la CNPJ en Tlaxcala permite fortalecer la colaboración y la corresponsabilidad en el análisis de los fenómenos delictivos, a fin de preservar la paz y la tranquilidad en la zona como una estrategia efectiva contra la delincuencia.
Destacó que a dos años de su gobierno se ha mantenido la coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno y “ha dado pasos contundentes” a través del combate a la corrupción y la inversión en materia de seguridad con la construcción y puesta en marcha del Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación, Cómputo e Inteligencia (C5i) para proteger la vida, integridad y patrimonio de la población en Tlaxcala.
Por su parte, la procuradora del estado, Ernestina Carro Roldán expuso que en la segunda sesión ordinaria se generarán acciones en el fortalecimiento de la procuración de justicia, con el objetivo de poder llegar a conclusiones en temas como medidas cautelares, la actuación ministerial, sistema estadístico, inteligencia criminal, protocolo en materia de delitos contra personas de la LGBTI, entre otros.
